El director general de Desarrollo Fronterizo y presidente del Consejo de Coordinación de la Zona Especial de Desarrollo Fronterizo de la Ley 28-01, Miguel Alejandro Bejarán Álvarez, pidió a los miembros de la Comisión Técnica Evaluadora de los proyectos sometidos, a observar el dispositivo legal evacuado por el Tribunal Contencioso Administrativo, en lo referente a la sentencia No. 063-2013, para que en lo adelante dicha comisión técnica genere un informe individual por cada empresa que le permita al consejo tener en consideración los aspectos puestos en cuestionamiento por dicho dictamen.
Según Miguel Bejarán, el objetivo de esta petición es observar a profundidad los elementos jurídicos que contiene la ley y su reglamento, de modo, que ante el nuevo escenario creado por esta sentencia se puedan validar empresas que contribuyan positivamente al desarrollo de la región fronteriza y al mismo tiempo, preservar los derechos de los demás sectores económicos del país.
“Nuestro presidente, el licenciado Danilo Medina, está trabajando arduamente para que el aparato productivo nacional se dinamice y se diversifique en todo el país, con el objetivo de crear 400 mil nuevos empleos, y tiene especial interés en la zona de la frontera, ya que es un conocedor de su realidad. Como es conocido, la tasa de desempleo en esta región duplica la media nacional; es por esto que solicito de manera encarecida, a los miembros del consejo, disponer del tiempo necesario y hacer la ponderación pertinente a fin de tomar decisiones con el suficiente rigor, considerando a cada empresa en particular”. Agregó Bejarán.
La medida cautelar aprobada que anula temporalmente los beneficios que establece la ley 28-01 de fomento a la inversión en la zona fronteriza, espera la sentencia definitiva que deberá dar el tribunal contencioso administrativo, mientras tanto a dichas empresas ya le fueron suspendidos los beneficios generados por las exenciones de los impuestos; es importante resaltar que esta decisión fue el resultado de una demanda interpuesta por los representantes de la Asociación de Industriales de la República Dominicana-AIRD.
La ley 28-01, promulgada el primero de febrero del año 2001, nace con el espíritu de crear una zona especial, donde las empresas establecidas en la zona de la frontera puedan producir en condiciones de rentabilidad, con el objetivo de que las mismas creen los puestos de trabajo necesarios para frenar el creciente éxodo de los residentes en esta región del país hacia las grandes ciudades, y gracias a este instrumento legal miles de empleos han sido creados en la línea fronteriza.
En este momento el gobierno dominicano está inmerso en un proceso de análisis de los regímenes de incentivos existentes, de manera que muy pronto este y otros instrumentos legales que crean los sistemas impositivos diferenciados y que de algún modo dificultan la labor recaudatoria del gobierno serán sometidos a revisión para adaptarlos a la nueva dinámica económica del país.
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